El Foro Educativo atendiendo al contexto de pandemia por la COVID – 19 que ha puesto en evidencia las dificultades del Sistema Educativo para sostener el servicio a los niños, adolescentes y jóvenes peruanos, especialmente a los provenientes de los sectores populares, ha emprendido una Movilización Social Nacional por el Fortalecimiento de la Educación Pública. En ese marco, es conveniente reflexionar acerca de los aspectos financieros que permitan garantizar los recursos necesarios para el servicio educativo público, particularmente la Educación Básica.

Según estimados del MEF[1] el escenario fiscal para el 2021 se torna complicado, “el PBI caería 12,0% en el 2020 debido a medidas para evitar la propagación de la COVID-19, y se recuperaría en los próximos años; asimismo, en el 2020, el déficit fiscal estaría entre 10,0 y 13,2% del PBI (niveles no vistos desde 1989), lo que llevaría a que la deuda pública se ubique en niveles mayores a 40% del PBI (niveles no vistos desde 2004) al tener el Estado que hacer uso de préstamos externos. Por lo tanto, se estima que la economía y la recaudación fiscal regresarían a los niveles observado hace más de 3 años, con consecuencias en los presupuestos futuros”.

Como consecuencia de lo anterior, “el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de Perú para el 2021 se reduciría en 0.6% respecto al presupuesto del 2020, finalmente, utilizando la disponibilidad de recursos actual el presupuesto no financiero de Recursos Ordinarios cae 17% respecto al 2020”.

En línea con lo anterior, el ajuste fiscal producto de la menor disponibilidad de recursos implicaría una reducción del Presupuesto General de la República, para el año 2021, de aproximadamente 12 mil millones de soles.

Ante este escenario es urgente tomar previsiones para preservar los recursos destinados a financiar la educación pública. En este sentido, no resulta pertinente utilizar ratios como GEP/PBI[2] o GEP/GGC[3], en la medida que, ante una recesión en ciernes, no aportaría un orden de magnitud adecuado. En ese sentido, se propone lo siguiente:

  • Asegurar una asignación presupuestal mínima por estudiante matriculado en escuela pública, que garantice condiciones básicas de calidad.
  • Redistribuir el presupuesto y demás recursos del gobierno central y las regiones, para de esta manera atender a las escuelas de las áreas rurales, urbano marginales de la zona andina y de la Amazonía.
  • Priorizar los Proyectos de Inversión Pública para la construcción y mantenimiento de locales escolares en los ámbitos más carenciados.
  • Garantizar la provisión de alimentación escolar a través de Qali Warma.
  • Fortalecer la cadena de suministro (sistema de abastecimiento) para de esta manera asegurar que los recursos (bienes y servicios) lleguen a las instituciones educativas más distantes.

[1]          Tomado de: MEF Asignación Presupuestaria Multianual 2021 2023. Presentación

[2]          El Gasto Público en Educación respecto del Producto Bruto Interno se sitúa, históricamente alrededor del 3%,

[3]          El Gasto Público en Educación respecto del Gasto de Gobierno se sitúa, históricamente alrededor del 17%,